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Después de las infracciones impuestas por la compra de empanadas, llegan a Villavicencio los comparendos  por falta de permisos de uso del suelo de los trabajadores del sector. EXTRA le cuenta lo que está pasando.

Últimamente las sanciones a los comerciantes se han hecho virales en la ciudad. En este caso están los trabajadores de varias empresas, mecánicos de carros y de mecánica automotriz, que tienen su negocio en este mencionado sector que fue construido y poblado hace más de 30 años.

Los dueños de los negocios aparte de ayudar a crecer la industria en la ciudad, son generadores de empleo y muchas personas se benefician de manera directa porque con el salario de aquí pueden llevar su sustento a sus hogares. No se habla de unas cuantas personas, se trata de muchos de vendedores y prestadores de servicio que se ganan el alimento y para la educación de sus hijos con el sacrificio que hacen en el día a día.

Perjudicados

Gustavo Basto, es abogado y representante de la Asociación de Trabajadores ante la inspección de Policía, señaló que, “las autoridades llegan a los lugares de manera arbitraria pidiendo el permiso del uso del suelo  y como ninguno lo tiene realizan las multas que son cerca a los $850.000 a cada persona”.

“Ellos no tienen por qué hacer esto ya que según el acuerdo 287 del 2015, Artículo 1287 del POT expedida por el antiguo alcalde de Villavicencio, Juan Guillermo Zuluaga, son cuatro años los que tienen de plazo para trasladarse a otro sitio y se vencen hasta en diciembre del 2019, por ello las multas son injustas”, dijo Basto.

Lo que sucede en dicha zona, según Alirio Durán, mecánico, es que, “nos están multando por no tener un permiso para el uso del subsuelo. Este permiso tiene un costo de $40.000 en lo que no hay problema. El inconveniente viene cuando, un requisito es tener la licencia de construcción, en donde voy aponer mi puesto de trabajo. Y es bien sabido que Villavicencio nunca tuvo una organización al principio de su fundación, entonces no podemos obtener tal autorización”.

Por otro lado, Iván Andrés Monroy Monroy, dueño de un Taller en el sector, se pronunció así: “llevo trabajando aquí 13 años. En ningún momento me había visto afectado por los comparendos que están haciendo en este momento. Me acerqué con el abogado, para pedir explicación de esto, a la inspección de policía para preguntar por el permiso y solo nos decían que tocaba dar plata o plata, nada más nos dijo. Ese día nos trataron mal y no nos dieron justificación alguna ni solución”.

Añadido a esto, “nos enteramos que ya nos llamaron a primera instancia y nunca me ha llegado ningún papel. Esto quiere decir que están haciendo las cosas y no nos han avisado. Aspiramos ir a la estación a ver qué nos van a decir, qué va a pasar con esos comparendo si nos toca pagarlos o no, porque el artículo es lo que nos respalda”, señaló el hombre.

“Esta idea del POT nos tiene jodidos, queremos que se mejore o se revoque porque no entendemos por qué nos quieren sacar en este momento. Hace unos años y ahora, el barrio El Estero es conocido como zona de industria y comercio, pero a ellos, al parecer, no les sirve que esta situación sea así”, agregó Monroy.

Reubicación y otras afectaciones

Algunas personas de la comunidad dijeron que, “lo que hicieron fue comprar lotes para el lado de Caños Negros y de Puente Caído para poner ahí la industria que hay en el barrio  y que nos vayamos para allí a poner los locales. Son zonas que son muy lejanas. Y si es verdad eso, muy mal hecho de parte de ellos”.

“Los primeros afectados fueron los bares y de los billares, pero como nunca pusimos cuidado y nosotros no éramos los afectados entonces dejamos que las cosas pasaran. Pero ahorita que sí nos toca esta situación, no vemos de qué manera es que toca defendernos. Lo que puedo decir como persona del común es que necesitamos trabajar, formar empresas, generar empleo y tener clientes. Donde no nos pongamos ´pilas´ todos nos vamos a quedar sin nuestras empresas a partir del otro año”, anexó un habitante del sector.

Lo que pide la gente trabajadora del sector es que dejen de impartir estas multas, que  es algo injusto y además, es ilegal porque aún están en el periodo vigente para laborar en la zona. “Ellos no le hacen daño a nadie, trabajan dentro de los predios y la policía los persigue como delincuentes diciendo que esta actividad no se puede realizar”, anexó el abogado Basto.

En un documento de soporte del Plan de Ordenamiento Territorial POT del año 2015, del municipio de Villavicencio en el periodo de administración del exalcalde, Juan Guillermo Zuluaga Cardona, solo la introducción dice que, ”la función del Ordenamiento del territorio incluye una serie de acciones, políticas, estrategias y decisiones que definen de manera democrática el uso racional del territorio”.

Y continúa escrita así, “teniendo siempre en cuenta los criterios de orden social, morfológico, ecológico, demográfico, sociológico, económico y cultural del Municipio, como ente protagonista de la Planificación en Colombia”, lo que quiere decir que, en este caso no se está respetando la democracia ni el criterio de lo social.

Además, los comerciantes tienen evidencia de todos los comparendos que les han realizado y en uno de ellos se lee que, la actividad allí desempeñada es prohibida  y ellos se basan en que no es así porque llevan años con sus empresas y nunca  nadie se les había acercado a decirles  que están ilegalmente desarrollando sus actividades.

Aparte del ingreso económico que tienen los comerciantes, está el tema de la cantidad de años que llevan allí, están acostumbrados a una forma de vida que en este momento un cambio, de trasladarse a otro lado, sería radical en cuanto a la manera de vivir.

Algunos comerciantes perjudicados perciben la idea de asistir a otro lugar, con sus productos y empresas para empezar, prácticamente, desde cero, como llegar a sufrir grandes pérdidas capitales y que muchos de sus clientes no irán a tan lejos lugar para adquirir de sus servicios.

“Pedimos al Comandante de Policía, a la Alcaldía de Villavicencio y a la oficina de Planeación que nos dejen trabajar como gente de bien, que no le hacemos mal a nadie, únicamente generamos empleo y esta situación está así por más de 25 años, que respeten nuestro derechos y que hagan reformas al Acuerdo 287 del POT”, replicó Durán.

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