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El tema de hoy es de humana y racional reflexión.

No se puede despreciar al dato macabro que consigna que 170 defensores de los Derechos Humanos y reclamantes de tierras fueron asesinados durante 2017 en medio de una impunidad generalizada.

En días pasados, la organización especializada Front Line Defender difundió su informe de 2017 sobre el asesinato de defensores de Derechos Humanos en el mundo. El 67 % se produjo por la defensa de la tierra, el medio ambiente o los derechos de los pueblos indígenas. De los casos registrados, el 30% se produjo en Colombia, el país 'líder', seguido por México y Filipinas, y solo precedido por Brasil. Vanguardia colombiana indeseable.

Unos contrastes al respecto. 

Paradójicamente, la cifra de muertes de líderes sociales aumentó más de un 45 % el pasado año respecto a 2016, después de la aplicación de los acuerdos de Paz con la principal guerrilla colombiana, las FARC, que desarmaron, desmovilizaron y concentraron a sus efectivos según los acuerdos suscritos en La Habana. Prácticamente cada dos días caía durante 2017 un activista social bajo las balas de los sicarios, principalmente en las regiones del Cauca, Nariño y Antioquia.

La situación es tan preocupante al inicio de este 2018, que el propio Secretario General de la ONU, António Guterres acaba de alertar al Consejo de Seguridad sobre la situación en estas zonas de Colombia, en un momento en el que el propio Consejo tiene desplegado en el país un destacamento de asesores civiles y militares para el seguimiento del fin del conflicto. Guterres acaba de pasar el fin de semana en Colombia, con el tema de los asesinatos de líderes sociales como punto de la agenda con el Presidente Santos, junto al proceso de paz con la superviviente guerrilla del ELN.

El enviado de la Unión Europea para el proceso de paz colombiano, Eamon Gilmore, también ha pedido que el Gobierno "presione para que se tomen en serio los asesinatos y que la Fiscalía cree una Unidad especializada dedicada a esclarecerlos y combatirlos". Se estima que la impunidad en estos crímenes supera el 87 %, si se tiene en cuenta lo sucedido con los 458 que se produjeron hasta 2016.

Por su parte, el Gobierno de Juan Manuel Santos emitió en los pasados días un Decreto de "Alertas tempranas" para la prevención de asesinatos y atentados contra líderes sociales y defensores de Derechos Humanos, así como la activación, de acuerdo con las autoridades locales, de "rutas de protección individual y colectiva".

Analistas de Organizaciones no Gubernamentales, la Defensoría del Pueblo y sectores próximos al Gobierno coinciden en que el Estado no ha sabido gestionar las consecuencias del proceso de desmovilización de las FARC, de forma que, de los territorios que ha abandonado la guerrilla durante el pasado año , se han adueñado las bandas criminales y el paramilitarismo ante la ausencia de las autoridades estatales. Según editorializaba días pasados el diario El Espectador: "El Estado ha sido incapaz de suplir los vacías de gobernabilidad dejados por las FARC".

Para el director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Camilo González: "El incremento de homicidios (contra líderes sociales) obedece a dos conflictos: el territorial y el de los recursos (minería ilegal, cultivos ilícitos), la mayoría utilizando sicarios con armas de fuego y en las zonas donde anteriormente las FARC habían regulado las relaciones sociales imponiendo su autoridad".

Por su parte, un informe de la Defensoría del Pueblo señala que las causas de los asesinatos de líderes sociales están relacionadas "con su estigmatización, la defensa de los territorios étnicos, la oposición a la expansión de la minería o la agroindustria y las reclamaciones sobre la propiedad de las tierras". También pueden estar relacionadas en algunos casos con la denuncia de abusos en la actuación de la fuerza pública. Esa parece ser la causa de uno de los últimos atentados mortales, el que sufrió el pasado diciembre José Jairo Cortés, líder de la zona rural de Tumaco y que había expresado críticas contra la violación de los derechos humanos de las poblaciones locales por parte de los policías antidisturbios que ocasionaron la masacre de siete campesinos.

 

Por: Guillermo Alfredo Narváez Ramírez

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