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El senador Alfredo Ramos Maya solicitó a la Corte Constitucional adelantar el análisis de la demanda contra el decreto 2052 de 2016, que convocó a las sesiones extraordinarias citadas entre diciembre de 2016 y marzo de 2017, que se encuentra acumulado con el proceso de revisión de Constitucionalidad de la Ley 1820 de 2016 sobre amnistía, indulto y tratamientos penales especiales, cuyo estudio se encontraba suspendido por decisión de la Corte.

En la demanda, presentada en enero pasado, Ramos argumentó que para las sesiones extraordinarias son ilegales ya que en el decreto de convocatoria nunca se especificaron las leyes y actos legislativos que se deberían tramitar, “lo que significa un abuso a las atribuciones limitadas que se consagran expresamente al gobierno nacional, generando como consecuencia una violación al principio de separación de poderes”.

El Consejo de Estado remitió un mes después a la Corte Constitucional la demanda alegando falta de competencias. Luego, la Corte la acumuló al expediente que definía la ley sobre amnistía, indulto y tratamientos penales especiales.  Sin embargo, el proceso de estudio de dicha ley fue suspendido, y apenas se reanudó el pasado 12 de julio.

Por ello, el senador antioqueño mostró su preocupación ante la lentitud frente a la demanda y solicitó a la Corte Constitucional priorizar, por economía procesal, su estudio inmediato o, si fuere necesario, "acumular a la mayor brevedad el mencionado expediente al estudio de aquella norma que haya de ser la primera en dictar sentencia bajo el trámite del denominado Procedimiento legislativo especial”, puesto que de ella depende la posterior constitucionalidad de todos los actos legislativos y leyes aprobadas en el lapso de sesiones extraordinarias.

 

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