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Las habitantes de 19 municipios del área de influencia de la megaobra de Hidroituango continuarán amparados por las medidas de protección solicitadas por la Fiscalía General de la Nación y concedidas desde el pasado 12 de junio.

La determinación la adoptó el Juzgado 28 Penal del Circuito de Bogotá al confirmar las solicitudes que hizo la Fiscalía 40 de la Dirección Especializada Contra las Violaciones a los Derechos Humanos (DECVDH) en favor de las comunidades de 19 municipios de Antioquia impactadas por el proyecto hidroeléctrico en Ituango.

El juez en su decisión señaló que, tal y como lo argumentó el fiscal del caso, la falta de información sobre el estado real del proyecto y los posibles riesgos obligan a proteger a los pobladores de los municipios de Buriticá, Liborina, Caucasia, Tarazá, Toledo, Briceño, Ituango, Sabanalarga, Nechí, Valdivia, Pequea, Cáceres, Ayapel, San Marcos, Majagual, Guaranda, Achis, San Jacinto y Magangué.

Las medidas que este viernes fueron ratificadas por el funcionario judicial obligan al retiro del buchón de agua que está sobre el espejo de agua, al manejo de aguas al igual que los escombros del material excavado, y al fortalecimiento de las capacidades del hospital.

Así mismo, se debe insistir en el retiro del material vegetal producido por la tala de árboles y la autorización de la pesca en zonas aptas para consumo humano, sin olvidar el suministro de información acertada sobre el estado actual del proyecto.

La determinación que otorgó inicialmente dichas medidas fue apelada por la Sociedad Hidroeléctrica Ituango S.A. ESP y Empresas Públicas de Medellín (EPM) por considerar, entre otros aspectos, que el juez se extralimitó al concederlas, y añadió además que la afectación que se busca proteger solo se dará en dos de los municipios que están siendo protegidos.

Así mismo, destacó que los argumentos de la Fiscalía sobre el daño ambiental producido por los desechos que dejó la planta de asfalto, que operó hasta mayo del 2018 en la vía Toledo en Puerto Valdivia, podrían resultar peligrosos, contaminar y afectar las aguas de los ríos San Andrés y Cauca, entre otros.

Finalmente, la decisión reitera la necesidad de cumplir con las mesas técnicas en las cuales se permita la participación de las víctimas y se emitan los informes sobre conceptos técnicos y demás solicitudes de información del estado del proyecto.

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